La apuesta por construir un Estado innovador
Diálogo con Yamila Kababe, docente e investigadora del Departamento de Economía y Administración de la UNQ.
Una de las frases más recordadas y repetidas de Bernardo Houssay es: “La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”. Ahora bien, en pleno 2021 y con pandemia de por medio, los lectores podrán estar de acuerdo en que el desarrollo científico-tecnológico también es caro. Como botón de muestra, basta con advertir cuáles fueron las primeras naciones que fabricaron sus vacunas y comenzaron a inocular a sus poblaciones.
Ahora bien, no solo es fundamental que las naciones inviertan más dinero en ciencia, tecnología e innovación, sino también que planifiquen cómo se gastan los recursos y, en definitiva, que midan cuáles son los verdaderos efectos. Esto es: analizar cómo, a partir del conocimiento, se puede trasformar y beneficiar algún aspecto de la vida de las personas. Mediante su trabajo, Yamila Kababe –docente e investigadora del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y doctoranda del Doctorado en Desarrollo Económico– analiza el rol del Estado en todo ello, al tiempo que se plantea el desafío de abrir una auténtica caja negra: ¿cuál es el impacto real de las innovaciones que se producen desde el área CyT?
–Una de sus líneas de investigación se relaciona con la infraestructura del conocimiento…
-Sí, de hecho el proyecto –que obtuvo financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación– se denomina “Inversión pública en infraestructura del conocimiento. Patrones regionales e impacto en Argentina 2005-2015”. Se trata de una línea de trabajo que vincula las inversiones públicas en infraestructuras del conocimiento, el diseño de políticas y la federalización del sistema. Desde 2005 trato de concentrarme en el enfoque de los sistemas nacionales de innovación, que se inscribe en un punto de vista económico heterodoxo y le asigna un rol protagónico Estado. A lo largo de este tiempo relevé muchos procesos que, en definitiva, permiten entender cómo se desarrolla la innovación.
–¿Cómo se desarrolla?
-La innovación es un proceso interactivo, acumulativo y no lineal. Por su complejidad, puede ser definida a la luz del rol que desempeñan las instituciones de interfaz, como pueden ser las unidades de vinculación tecnológica, las empresas de diferentes sectores (agrícola, forestal, productores de cacao) y organismos de mayor envergadura como el INTI o el Conicet. Luego realicé un trabajo sobre consorcios públicos-privados en el área de biotecnología, y en 2018 comencé a trabajar con laboratorios de Investigación y Desarrollo (I+D). En todos los casos, mi objetivo fue responder a un interrogante: ¿qué infraestructura es necesaria para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación? Y también el rol que tiene el Estado en todo esto, a partir de las decisiones de política pública con el fin de realizar las inversiones necesarias.
–¿Solo considera que el Estado debe realizar las inversiones?
-En realidad, cuando uno refiere a los consorcios públicos-privados se tiene en cuenta la participación del Estado y de las empresas para desarrollar conocimientos que, con el tiempo, se traducen en innovaciones. En general, quien invierte en infraestructura del conocimiento –esto es, construir laboratorios de investigación, pagar el sueldo a cientos de investigadores, generar plataformas tecnológicas, bibliotecas, museos, empresas de base tecnológica– es el actor público. Al Estado, a partir de su papel en la dirección de los sistemas de innovación, se le presenta como una opción mucho más factible invertir en el área.
–¿Cómo sabe el Estado qué innovaciones necesitan las poblaciones?
-Responder a esa pregunta fue lo que me llevó a estudiar, precisamente, el diseño de políticas públicas. El eje está en la identificación de los problemas que luego conforman la agenda de interés del Estado. La investigación de las políticas consiste en averiguar cuáles son los problemas que se busca resolver y qué medios se emplean para atender dichos conflictos. Muchas veces esto se realiza a partir de los informes que elaboran expertos, o bien, a partir del resultado de encuestas. Pero, en general, esos insumos no alcanzan para reflejar la complejidad de las problemáticas que hay que atender.
–¿Algún ejemplo?
-Bueno, a mí me interesa abordarlo a partir del análisis de la política de inversión pública en infraestructura del conocimiento que se realizó en Argentina en el período 2005-2015. Las acciones se articularon en base al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de dicho período. Si antes la ciencia estaba desatendida, con los gobiernos kirchneristas se comenzaron a promover líneas de fortalecimiento. Un hecho concreto fue la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en diciembre de 2007. Este lapso se caracteriza por el incremento de los recursos invertidos, por una mayor complejidad de instrumentación y la extensión en el alcance regional y sectorial. Ahora bien, si se explora el plano de las contribuciones, es decir, si se intenta responder qué ocurrió con todos esos recursos invertidos, el interrogante es más difícil de responder.
–Es decir, la voluntad política se tradujo en un fortalecimiento indudable del sector, pero los aportes que se ofrecieron desde el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación no son tan claros…
-Por un lado, hay estudios que marcan una escasa variabilidad (impacto real) de aquellos ámbitos en los que las inversiones estuvieron dirigidas. Sostienen, en definitiva, que el panorama en verdad no se modificó demasiado. Por otro lado, también es indudable la respuesta que ofreció el sistema de ciencia, tecnología e innovación del país frente a la pandemia. De manera que para poder brindar respuestas con tanta celeridad a una crisis sanitaria; previamente, se formaron e instalaron capacidades que fueron impulsadas por la política pública y nacional en el área.
–El asunto es medir el impacto efectivo de las políticas. Según lo que señala, parece haber una distancia entre las consecuencias de la implementación de las políticas y las representaciones sociales que se generan en torno a ellas.
-Exacto. De hecho, con excepción del gobierno macrista, se invirtió un montón de dinero en infraestructura y edificios, en equipamiento y proyectos de investigación, en incorporación de recursos humanos y en la conformación de consorcios públicos-privados. Las políticas en el área deben ser sostenidas, los financiamientos de cuatro años no son suficientes para que los conocimientos lleguen al mercado. Bajo esta premisa, el nudo de mi investigación es tratar de entender cuáles son las problemáticas que enfrentan los procesos de creación e implementación de políticas públicas. La apuesta, desde mi perspectiva, debe apuntar a la construcción de un Estado innovador. Entender es fundamental para, en el futuro, no repetir los mismos errores.