La guerra de Malvinas: los avatares de una efeméride y de las políticas gubernamentales

*Por Silvia Ratto.

El 2 de abril de 1982, el presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri anunciaba a una sorprendida población que tropas del ejército argentino habían desembarcado en las Islas Malvinas. El objetivo era recuperar el control territorial que se había perdido en manos de Gran Bretaña desde 1833.

El resultado de la estrategia de la moribunda dictadura -que esperaba incentivar el espíritu patriótico en una sociedad atravesada por un profunda crisis económica- es por todos conocido. En tan solo 73 días, la “aventura militar” de la dictadura más cruenta que padeció el país llevo a la muerte a 649 argentinos, en su mayoría soldados conscriptos procedentes de todo el territorio nacional.

Si la cronología y los hechos más trágicos de la guerra de Malvinas se difundieron entre la población a través de la publicación de varios libros y la realización de películas, en estas breves líneas nos interesa reflexionar sobre el uso político que realizan los gobiernos de las denominadas efemérides.

Para esto, partimos de la idea de que el relato del pasado no es una tarea exclusiva de los historiadores profesionales sino que es, también, producido por agentes diversos. Entre ellos se cuentan intelectuales, escritores, periodistas y, en el caso que nos interesa, los mismos gobiernos.

Todos los gobiernos tienen su propio relato histórico. A través de ciertas operaciones -como la creación de fechas patrias, de museos y/o de políticas públicas- buscan instalar en la memoria colectiva episodios considerados significativos de la historia nacional.

En este sentido, la reivindicación de la soberanía nacional sobre las Malvinas e islas del Atlántico Sur tuvo diversos momentos que se iniciaron con la creación de la “Junta de Recuperación de las Malvinas”, durante el gobierno de Roberto Ortiz (1938-1942). Este organismo buscaba contribuir a la difusión y conocimiento del tema entre la población, a la vez que impulsaba la creación de un himno patriótico. Así fue como la Marcha de las Malvinas resultó ganadora y comenzó a formar parte del cancionero patriótico escolar.

Tres décadas más tarde, el 14 de noviembre de 1973, una la Ley del Congreso Nacional instituyó el 10 de junio (fecha del nombramiento del primer gobernador argentino en las islas en 1829) como el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

La guerra de Malvinas produjo también una modificación en el calendario patrio. En plena retirada -en marzo de 1983- la dictadura militar erigió el 2 de abril como el “Día de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur”. Sin embargo, la nueva efeméride tuvo una vida fugaz: al año siguiente, el presidente radical Raúl Alfonsín la suprimió, alegando que “memora un hecho cuya celebración resulta incongruente con los sentimientos que evoca”. Al mismo tiempo, restableció como central el feriado del 10 de junio.

En 1992 se declaró que el 2 de abril fuese el “Día del Veterano de Guerra” y en el 2000 -en medio de un clima de fuerte crisis económica y teniendo en cuenta la estrategia de incentivar el espíritu patriótico- el gobierno de la Alianza restableció el 2 de abril como feriado nacional. En 2006 le fue otorgado el carácter de asueto inamovible.

De todas formas, la relevancia de los hechos históricos no se dirime solamente con la implementación de fechas patrias. Hay otras acciones gubernamentales que reflejan la intencionalidad de lograr una mayor comprensión de determinados acontecimientos. Creo pertinente resaltar dos de ellas, puestas en práctica por los gobiernos kirchneristas en torno a la guerra de Malvinas.

La primera involucra al llamado Informe Rattenbach, que fue el resultado de una investigación realizada por la comisión creada en diciembre de 1982 con el propósito de analizar la actuación de las fuerzas armadas durante la guerra. Entre sus conclusiones se acusaba a la Junta Militar de haber sido responsable de “conducir a la nación a la guerra con Gran Bretaña, sin estar debidamente preparada para un enfrentamiento de estas características y magnitud, con las consecuencias conocidas de no lograr el objetivo político y de haber colocado al país en una crítica situación política, económica y social”. Si bien existieron algunas filtraciones sobre el informe en la prensa, no fue revelado oficialmente hasta febrero de 2012, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto que dispuso su desclasificación.

La segunda está relacionada con los soldados caídos. En el cementerio de Darwin se encuentran enterrados los restos de 237 combatientes argentinos, de los cuales 123 se hallaban sin identificar (señalados con una cruz blanca). En enero de 2013, el gobierno argentino y la Cruz Roja Internacional suscribieron un acuerdo y, con la ardua tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense, fue posible la identificación de 90 cuerpos en marzo de 2018.

El actual gobierno de Mauricio Macri, por su parte, ha dado constantes ejemplos de una mirada deshistorizante del pasado argentino, con el argumento de que “hay que mirar hacia adelante”. En esta línea, el progresivo abandono de la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas no es ajeno a esta política y fue claro desde el inicio del mandato. Esto puede verse, por ejemplo, en que el acto central del 2 de abril ya no cuenta con la participación del presidente, quien se limita a recibir a un grupo de excombatientes en la quinta presidencial.

Por el contrario, la identificación de los soldados caídos en Malvinas fue tomada como un logro propio -y así fue recogido por los principales diarios oficialistas- aun cuando se ha visto que fue el resultado de años de trabajo de varias organizaciones.

Así como sucedió con el retroceso de la llamada ley del 2×1 que el gobierno debió realizar ante una multitudinaria movilización popular, es factible pensar que las conquistas logradas en nuestro país en materia de derechos humanos siguen gozando, a pesar de todo, de buena salud.

Texto: Silvia Ratto, doctora en historia, docente investigadora en el Centro de Estudios de Historia, Cultura y Memoria de la UNQ y directora de la Licenciatura en Historia
Producción: Programa de Comunicación Pública de la Ciencia “La ciencia por otros medios”

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