“Existe un carácter ventrílocuo de la política respecto al discurso policial”
Marcelo Saín es un provocador nato. Pero, a diferencia de otros exponentes que circulan por el espacio público, su relato siempre está sustentado en argumentos sólidos y explicaciones subyacentes. Desde su perspectiva, “existe un carácter ventrílocuo de la política respecto al discurso policial”, debido a la falta de estadísticas y análisis gubernamentales, externos al relato de la polícia. La escasez de ideas por parte de los gobiernos de turno frente al problema de la inseguridad se resuelve con una política de parches, esto es, más patrulleros y videovigilancia en las calles. De este modo, las fuerzas de seguridad robustecen su autonomía mientras los administradores del país se garantizan “una gobernabilidad tranquila, sin escándalos políticos”, apunta.
Saín es politólogo y doctor en Ciencias Sociales recibido en la Universidad Estadual de Campinas (Brasil). Se especializa en temáticas de seguridad y estudia las relaciones que tejen los militares y los policías respecto a los actores de la política, desde el retorno a la democracia hasta la actualidad. Su expertise lo llevó a la función pública y durante 2002-2003 se desempeñó como viceministro de Seguridad bonaerense. Tiempo más tarde, también protagonizó la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), se desempeña como docente investigador, al tiempo que es autor de numerosos textos, entre los que se destacan “El leviatán azul” (2008) y “Por qué preferimos no ver la inseguridad” publicado este año.
-Usted es politólogo…
-Sí, estudié ciencia política a principio de los ochenta, en el tramo final de la dictadura. Me sentía muy atraído por la Guerra de Malvinas y tenía expectativas de hacer investigación. Más tarde realicé una maestría en FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y comencé a preocuparme por un área específica que se vinculaba con los militares y los procesos de consolidación democrática.
-¿A qué aspecto de los militares se refiere?
-Me interesaba estudiarlos como actores políticos, analizar cómo sus actividades y comportamientos significaban un obstáculo. Conocí a Ernesto López, uno de los principales referentes en la materia. Bajo su dirección abordé el levantamiento carapintada, y parte de mi formación se desarrolló en la Universidad Estadual de Campinas con una beca alemana. Cuando regresé a Argentina en 1992, se gestaba el proyecto académico aquí en la Universidad y me incorporé en el área de sociología. Con el tiempo, creamos un campo que se enfocaba en las relaciones civil-militares. Y más tarde, decidí realizar el doctorado, también en Campinas.
-¿Por qué estudiaba las relaciones civil-militares?
-Tenían una importancia central en relación a la democracia, se trataba de pensar en cómo controlar a los militares. La idea era argumentar de qué manera, en Latinoamérica, los militares se habían convertido en actores políticos y cómo se construyeron regímenes autoritarios bajo su conducción que sirvieron a determinados intereses. Estudiar las fuerzas armadas era estudiar al sistema político y las dificultades que había durante la recuperación democrática para subordinarlas. En las transiciones hacia la democracia en Chile y Brasil, los militares controlaron el proceso y dejaron herencia política no-militar; en Argentina, en cambio, fue un colapso. En aquel momento, Ernesto [López] ya señalaba “en Argentina los civiles podrían haber hecho mucho más, porque la autonomía militar fue quebrada con Malvinas y el fracaso político y económico”. Los políticos tenían más margen de maniobra pero no lo utilizaron.
-¿Y la multipartidaria?
-La multipartidaria –coalición que a principio de los ochenta abarcaba prácticamente a todas las facciones del sistema político argentino– nunca planteó de manera crítica un documento con relación al número de desaparecidos. Por ello, todo lo que [el expresidente] Alfonsín hizo después (un juicio acotado, los tres niveles de responsabilidad) se explica a partir del poder residual de las fuerzas armadas. Esto me marcó a fuego, por ello, durante el doctorado me preocupé por investigar cómo los civiles se desempeñaban ante los militares durante los gobiernos de Alfonsín y Menem, en dos aspectos: revisión judicial del pasado y reinstitucionalización de las FFAA.
-Y cuando comienza a estudiar a las fuerzas de seguridad a principios de los noventa, ¿qué observa?
-Que ocurría más o menos lo mismo. Una buena muestra de ello se encuentra en el libro “El leviatán azul” que publiqué en 2008. En definitiva, también observaba que los civiles delegaban a las policías el manejo de la seguridad y existía una autonomía policial muy importante respecto al desempeño de los gobiernos. Ello se complementa en el último libro ¬–“Por qué preferimos no ver la inseguridad” (2017)– a partir de investigaciones que, primero, abordan cómo la policía gestiona el crimen y, luego, cómo la política convalida dicho accionar.
-¿Qué implica la delegación del poder civil en las policías?
-Por un lado, se delega en la policía una interpretación sobre el crimen y sobre los fenómenos de inseguridad, ya que en el fondo el relato de la política sobre el crimen corresponde a una narrativa policialmente construida. Cuando Sergio Berni [Secretario de Seguridad de la Nación 2012-2015] señala que “aumentaron los asaltos en manos de extranjeros”, se construye un relato cantado por un comisario. Existe un carácter ventrílocuo de la política respecto al discurso policial, porque los gobiernos no han desarrollado mecanismos que permitan construir diagnósticos propios, como sí ocurre en otros países (EEUU, Gran Bretaña). En Argentina, lo más sofisticado que tenemos es el Sistema Nacional de Información Criminal, una fuente policial. Solo el INDEC suma una pregunta en su encuesta de hogares que mide el indicador de victimización, pero verdaderamente la información con la que se cuenta es muy pobre y sesgada. Por otra parte, se delega la modalidad de intervención respecto a los problemas.
-¿De qué manera?
-Las estrategias de cómo se debe ejercer la seguridad sobre los núcleos de conflicto es policial. La única vía es el “incrementalismo”, es decir, inflar a las instituciones policiales con mayor presupuesto y dotación de personal. La idea subyacente es que el crimen crece porque las policías están débiles. Más policías, más patrulleros y más videovigilancia que se distribuyen por relevancia política del sitio a proteger. Sectores medios-altos, comerciales y financieros, aquellos ámbitos que tienen capacidad de articular demandas al Estado. Si no saben dónde está el crimen, las estrategias de control se traducen en control poblacional de los núcleos de la ciudad respecto a la invasión de las personas de las periferias. Por ello, el gran instrumento de las policías es la detención por averiguación de la identidad.
-¿Y el autogobierno policial?
-Es otra de las estrategias. Las cúpulas de las fuerzas de seguridad definen cómo se selecciona al personal, cómo se estructura y se capacita, de qué forma se hace inteligencia y se opera. A cambio, el gobierno de turno accede a una gobernabilidad tranquila, sin escándalos políticos. La respuesta frente a ello, en efecto, debe provenir de una mejor intervención política-institucional y de los órganos técnicos correspondientes.
-Por último, ¿cómo se incorpora el narcotráfico a este escenario?
-La policía administra el crimen porque es una forma de gestionar el territorio y se apropia de parte de la rentabilidad de esos negocios. Se trata de un dispositivo institucional del cual participa el conjunto. “Los Monos” comenzaron con un pequeño acuerdo con la comisaria del lugar pero culminaron por manejar el narcotráfico en la otra punta de Rosario. Ejemplos como este modifican las relaciones policía-crimen, por ello, no podemos dejar de prestar atención a la transformación del mundo criminal como una variable muy importante a tener en cuenta.