COLUMNA | ¡Houston, tenemos un problema! Agua y saneamiento, un desafío científico-tecnológico

*Por Paula Juarez, docente del Departamento de Ciencias Sociales, investigadora y extensionista del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (UNQ).

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el Informe “Indicadores de condiciones de vida”, donde se destaca que no han habido cambios significativos en los porcentajes de acceso a cloacas -en particular en grandes centros urbanos- en Argentina desde 2016. Este déficit es una constante, a pesar de que los gobiernos señalen el aumento de las obras públicas de infraestructura de agua potable y saneamiento (A&S).

Ahora bien, ¿por qué no parece haber avances en la cantidad de usuarios de estos servicios? Por un lado, tanto el gobierno como los medios de comunicación hacen eje en los números bajo el supuesto de “más obras, más personas con acceso”, pero eso es una falacia. Es que las obras de infraestructura no proveen las conexiones efectivas de agua y saneamiento a los hogares y, de hecho, esto en general no está contemplado en los planes de ejecución de obra. Por otro lado, el crecimiento poblacional es mayor que el avance de las obras, con lo cual los porcentajes continúan estancados desde hace décadas.

Este informe del INDEC visibiliza entonces un problema público que requiere profundizarse. Si analizamos las estadísticas oficiales, alrededor del 20% de la población no dispone de agua de red en la vivienda y un 50% no tiene cloacas. Además, la calidad del agua -inclusive aquella de red- no es necesariamente “potable”. Dato de color: hoy todas las provincias tienen juicios por conflictos en estos servicios.

Otro aspecto a destacar de la problemática es que en Argentina no existe una Ley Nacional de Agua y Saneamiento encargada de pautar estándares de política y gestión. Esto significa que cada una de las 24 provincias tiene su propia legislación y su política (¡cuando la tienen!). Es decir que, una vez que se terminan las obras de infraestructura, algunas provincias tienen “sistemas políticos y tecnológicos” que garantizan la provisión de servicios y otras… no.

A su vez, salvo un par de jurisdicciones, los datos estadísticos y la información disponible sobre A&S a nivel municipal, provincial y nacional son escasos, fragmentados y no están estandarizados, lo que hace difícil la toma de decisiones de política sectorial. Es decir, no existe un Sistema Nacional de Información sobre Agua y Saneamiento.

Como si esto fuera poco, la complejidad de este sector es muy alta también en el plano de los recursos hídricos disponibles y su sustentabilidad en el tiempo. Recordemos que en Argentina el 70% del territorio es árido o semiárido; y en el plano productivo, en los últimos 20 años creció en un 800% la industria minera, al tiempo que la producción agrícola aumenta aceleradamente. Ambas producciones requieren una gran cantidad de recursos hídricos.

Desde aquí, es imposible pensar el desarrollo inclusivo sustentable del país sin resolver los graves problemas del sector de agua y saneamiento. Por eso surge una pregunta obligada: ¿cómo podemos aportar desde el sector científico y tecnológico? Es fundamental priorizar la agenda de investigación y desarrollo sobre los servicios públicos -sobre todo aquellos vinculados al mencionado sector-.

En este sentido, en abril de 2018, el Instituto de Estudios sobre la Ciencia la Tecnología (IESCT-UNQ) presentó junto al Programa SEDCERO la “Plataforma del Agua” en Presidencia de la Nación. El proyecto que elaboramos consiste en una herramienta virtual dirigida a hacedores de política y fue producto de un proceso de investigación colaborativo de tres años en el cual participaron investigadores de diversas universidades, instituciones de I+D y gestores de agua de todo el país. La Plataforma explicitó tres funciones: (1) brindar información -normativas, tecnologías, experiencias- y datos estadísticos de las 24 provincias; (2) generar criterios para diseñar y ejecutar políticas sectoriales orientadas al desarrollo territorial inclusivo; y (3) alertar a los gobiernos (nacional y a los provinciales) sobre la relación entre la falta de acceso a agua potable y saneamiento y los niveles de necesidades básicas insatisfechas (pobreza estructural).

La Plataforma -como instrumento de política- señala los territorios que requieren con mayor urgencia estos servicios públicos, que son aquellos lugares donde la población no puede acceder a agua de calidad (ya sea por vía de red pública de agua o bien por medios mercantiles -comprarla-) y eso incrementa las dinámicas de pobreza.

Asimismo, el estudio cuestionó la política de financiamiento de obras en grandes urbes porque contribuye a generar un mayor desplazamiento poblacional desde las zonas rurales dispersas, pueblos y pequeñas ciudades, impactando de forma negativa sobre la habitabilidad de las grandes ciudades y aumentando la demanda de otros servicios. Es decir, en términos estratégicos, se debe planificar la obra de agua según el crecimiento y el desplazamiento poblacional vía acceso a servicios públicos y, de igual forma, prever sus resultados en el desarrollo territorial. Este tipo de ejercicios tecno-cognitivos aun no se realiza en el país.

Son muchas las asignaturas pendientes donde se requiere profundizar para racionalizar y ajustar políticas públicas. Conocimientos e instrumentos generados desde las universidades e institutos de I+D como la Plataforma del Agua son esenciales para contribuir con la generación de una futura Ley Nacional de Agua y Saneamiento y un Sistema Nacional de Información adecuado.

Texto: Paula Juarez, docente del Departamento de Ciencias Sociales, investigadora y extensionista del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (UNQ).
Producción: Programa de Comunicación Pública de la Ciencia “La ciencia por otros medios”