Lo que sucede cuando los medios hablan de otros medios

La investigadora de la UNQ Nadia Koziner comparte su último paper: un análisis de la cobertura del periodismo económico sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009.

El artículo fue publicado de manera reciente en Universitas, la revista de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Allí, la docente e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) describe qué sucede cuando los medios (diarios económicos como El Cronista Comercial y Ámbito Financiero) cubren la sanción de políticas que actúan sobre otros medios (sector audiovisual), como fue la LSCA de 2009. Su abordaje es integral porque combina la perspectiva de la economía política de la comunicación con el framing o encuadre; y marca el camino porque deja un precedente en relación a la posibilidad de generar evidencia científica robusta para la toma de decisiones en un futuro. A continuación, narra los detalles acerca del qué, el cómo y el para qué de su aporte.
 
De manera reciente publicaste el artículo “¿Interés público o interés publicado? La regulación de medios argentinos en la prensa económica”. ¿De qué va?
-Tiene relación con la tesis de doctorado que defendí en 2017. En la actualidad, como investigadora me dirige Guillermo Mastrini y me codirige Natalia Aruguete. Los nombro porque tienen mucho que ver con las dos líneas que abordé en el trabajo recién publicado. El objetivo fue poner en diálogo dos perspectivas que, por lo general, se trabajan por separado: las políticas de comunicación desde el campo de la economía política de la comunicación y el framing (encuadre), esto es, el análisis de contenidos mediáticos.
 
¿Por qué, en general, se trabajan por separado?
-Porque los trabajos en políticas de comunicación suelen dar por sentadas las huellas del ejercicio del poder en los contenidos de los medios, sin detenerse a examinar esos discursos. En cambio, los trabajos de framing –aun estudiando políticas de comunicación– dejan de lado muchos aspectos importantes relacionados con las características de esas políticas y cómo su aplicación varía según los contextos. En definitiva, como sabía que la riqueza era mucho mayor si combinaba ambos abordajes, lo intenté hacer para el caso.  
 
En concreto, analizás el tratamiento periodístico que la prensa económica hizo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de octubre de 2009.
-Sí, escogí a la prensa económica por la relevancia que tuvo la LSCA para el sector comercial de los medios de comunicación, es decir, para la industria infocomunicacional en general.
 
Pero diarios como El Cronista Comercial y Ámbito Financiero: ¿tenían intereses en defender alguna postura con respecto a la LSCA?
-Tal vez El Cronista pero de una manera muy lateral. Precisamente por eso escogí a ambos diarios, porque eran medios que no se veían directamente impactados por lo que la nueva normativa se proponía regular. Sin embargo, sí era un tema que se relacionaba con la agenda de ambos periódicos, por las implicancias económicas que tenía para el sector del mercado en general. En este sentido, el objetivo general era abordar cómo se encuadró la situación, cómo se definió en torno a esta medida de política de comunicación.
 
¿Qué hallaste y cómo lo hiciste?
-Elaboré una matriz de análisis que recogió las perspectivas del framing y de la economía política de la comunicación, aunque también realicé entrevistas a directores, editores y periodistas de ambos medios, que fueron útiles para recuperar otros aspectos importantes como la línea editorial de cada medio. Encontré muchas cosas, pero sobre todo tres grandes encuadres.
 
¿Podrías sintetizarlos?
-El primero es muy general y tiene más que ver con la lógica de producción noticiosa que con la LSCA en sí: ambos encuadres definieron el caso como una disputa política institucional, en la que importaba poco aquello que se estaba discutiendo y mucho más el enfrentamiento, la polarización y la violencia discursiva entre los actores que se enfrentaban. Me refiero al gobierno de Cristina Fernández y a los grandes medios concentrados. Había una preocupación de ambos diarios por reflejar quién ganaba la contienda, quien imponía sus intereses.
 
El foco más en la forma que en el contenido…
-Tal cual. Los otros enfoques apuntan, justamente, a lo inverso. Hubo muchas noticias, editoriales y notas de opinión que profundizaban en las características y las implicancias de la política pública. Existía un debate que caractericé como “interés público empresario” e “interés público sociocultural”.
 
¿A qué se refieren?
-Las políticas de comunicación pueden pensarse como medidas que están destinadas a promover el interés público. En términos generales, tienen una dimensión económica, una política y una cultural. De manera que las normas deben asegurar la sustentabilidad del sistema de medios (económica), la libertad de expresión (política) y la diversidad de opiniones y discursos (cultural). Son tres aristas que son fundamentales y que deben concebirse de manera integral. Teniendo en cuenta esto, hallé dos encuadres: uno que promovía el interés público empresario y priorizaba el bienestar económico del sistema (representado por los grandes medios de comunicación y la oposición política); y otro que refería más a la dimensión cultural que la LSCA procuraba fomentar.
 
La polarización era tan grande que las cosas estaban más o menos claras de antemano.
-Exacto, las corporaciones que procuraban la estabilidad del sistema y el gobierno, por su parte, más enfocado en el aspecto sociocultural. Se podía vislumbrar esta situación antes de iniciar la investigación incluso; por eso mi objetivo fue confirmar la hipótesis e indagar en los valores de la política pública que estaban en discusión más allá de la mera polarización. En Ámbito y El Cronista predominó la línea del interés público empresario, aunque identifiqué algunas cosas interesantes. En el caso de El Cronista, por ejemplo, aunque era propiedad de Francisco De Narváez –en aquel momento oposición política y con claros interesas en la LSCA– fue mucho más balanceado en su cobertura que Ámbito.
 
¿Y en Ámbito?
-Primó muchísimo más la disputa político-institucional y la pelea de quién gana y quién pierde con la nueva normativa, por sobre la reflexión al respecto de las implicancias de la Ley. Aun cuando, históricamente, este diario tuvo un enfrentamiento con Clarín (el que bautizó la ley de patrimonio cultural como “Ley Clarín” fue Julio Ramos) no se observó en las coberturas que exploré. Ello me sorprendió un poco. El análisis de contenido no solo sirve para examinar las huellas del poder en el discurso, sino también revelar la presencia de tradiciones editoriales distintas. En El Cronista se observa ese rastro del periodismo económico norteamericano que separa información de opinión; mientras que en Ámbito la tradición que sigue es más bien británica, donde la opinión se mezcla con la información e, incluso, hay espacio para el sensacionalismo. Se ve muy claro el fenómeno de farandulización de la política, con relatos espectaculares y menos fuentes. Todo ello también participó y tuvo su rol en la cobertura de la sanción de la LSCA.
 
¿Para qué sirve un trabajo como el tuyo?
-Creo que puede funcionar como una evidencia científica de aquello que muchas veces circula en el espacio público y no sabemos cómo justificar. Desanudar esas máximas de sentido común en relación al rol social que desempeñan los medios de comunicación. Durante las últimas décadas, pasamos de no poner en cuestión lo que los medios decían (porque reflejaban “la verdad”) a la desconfianza absoluta y la demonización de sus relatos. Una humilde contribución del trabajo, desde mi perspectiva, es que invita a tomar distancia respecto de esa mirada determinista que empobrece la discusión. Ojalá una investigación como la que hice también sirva para pensar las políticas públicas del futuro, la comunicación política de los gobiernos y el rol del Estado.

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